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24/10/2021 - 00:31
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Circular No. 102

Manizales; 2021-09-02
SUBDIRECTORES – JEFES DE OFICINA – SERVIDORES
PUBLICOS Y CONTRATISTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION DE LA DIRECCION
TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
Asunto: RESTRICCIONES EN LEY DE GARANTÍAS E IMPACTO
SOBRE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Teniendo en cuenta la Ley 996 de 2005 – Ley de Garantías Electorales, y el cronograma
electoral de los comicios que se llevaran a cabo en el país en el año 2022, a continuación, se
presenta un resumen con las restricciones que deben ser consideradas en la gestión
administrativa de la Dirección Territorial de Salud de Caldas.

  1. RESTRICCIONES EN MATERIA DE LA GESTION CONTRACTUAL
    Las restricciones en la gestión contractual que aplicarán durante los cuatro (4) meses anteriores
    a las elecciones de Congreso según el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 y las
    elecciones Presidenciales según el artículo 33 de la misma norma, hasta la realización de la
    elección en segunda vuelta-si fuere el caso-, con su respectivo calendario serán las siguientes:

1 CONTRATACION DIRECTA. LEY 80 DE 1993 Y LEY 1150 DE 2007 Y DECRETO 1082 de 2015: a) Urgencia manifiesta; b) Empréstitos; c)
Convenios o contratos interadministrativos; d)Contratación de Bienes y Servicios en el Sector Defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia y la
Unidad Nacional de Protección que necesiten reserva para su adquisición; e) Contratación para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas; f)
Contratación directa cuando no exista pluralidad de oferente a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a
determinadas personas naturales; h) Adquisición de bienes inmuebles; i) Arrendamiento de bienes inmuebles: 1) Encargo fiduciario que celebren las
entidades territoriales cuando inician el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos a que se refieren las Leyes 550 de 1999, 617 de 2000 y las normas
que las modifiquen o adicionen, siempre y cuando los celebren con entidades financieras del sector público; k)La contratación de bienes y servicios de
la Dirección Nacional de Inteligencia ONI, que requieran reserva para su adquisición; 1) La selección de peritos expertos o asesores técnicos para
presentar dictamen pericial en procesos judiciales; m) Cualquier forma de contratación directa

Las actividades que se deben tener en cuenta para el primer y segundo periodo de restricción
que inicia el 13 de noviembre de 2021 y 29 de enero de 2022, respectivamente, serán:
 Creación y Modificación del Plan Anual de Adquisiciones 2021 y 2022
 Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP-.
 Solicitud de Registro Presupuestal – RP-.
 Radicación de procesos para las respectivas numeraciones
Por lo cual se deberá realizar los ajustes pertinentes al Plan de Contratación de la Dirección
Territorial, para la presente vigencia y, estructurar el Plan Anual de Adquisiciones para el año
2022, priorizando la contratación de aquellos bienes y servicios de la modalidad de contratación
directa, objeto de restricción. Por lo cual se invita a los destinatarios de la presente circular, a dar
cumplimiento a lo aquí establecido.

  1. LIMITACIONES A LA VINCULACION DE PERSONAL O MODIFICACIÓN DE LA NOMINA
    ESTATAL
    Además de las restricciones señaladas en materia de contratación, la Ley 996 de 2005 establece
    también restricciones a la modificación de la nómina de las entidades estatales:

Conforme a las restricciones referidas y atendiendo a las consideraciones de la Corte
Constitucional en la sentencia C-1153 de 2005, la prohibición de suspender cualquier forma de
vinculación que afecte la nómina estatal hace referencia a la imposibilidad de creación de
nuevos cargos y a la provisión de los mismos, lo cual significa que los procesos de creación y
provisión de empleos de carácter temporal que la entidad viene adelantando, deberán
encontrarse terminados antes del 13 de noviembre del presente año.

  1. OTRAS LIMITACIONES CON OCASIÓN DE LAS ELECCIONES DEL CONGRESO DE LA
    REPÚBLICA Y PARA LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

Por último, es necesario recordar lo establecido en el Artículo 38 de la Ley 996 de 2005, sobre
las prohibiciones que tiene un servidor público, dentro del actuar electoral en el que estaremos
inmersos:
«ARTÍCULO 38. A los empleados del Estado les está prohibido:

  1. Acosar, presionar, o determinar, en cualquier forma, a subalternos para que respalden alguna
    causa, campare controversia política.
  2. Difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o
    movimiento político, a través de publicaciones estaciones oficiales de televisión y de radio o
    imprenta pública, a excepción de lo autorizado en la presente ley
  3. Favorecer con promociones, bonificaciones, o ascensos indebidos, a quienes dentro de la
    entidad a su cargo participan en su misma causa o campaña política, sin perjuicio de los
    concursos que en condiciones públicas de igualdad imparcialidad ofrezcan tales posibilidades
    a los servidores públicos.
  4. Ofrecer algún tipo de beneficio directo, particular, inmediato e indebido para los ciudadanos o
    para las comunidades, mediante obras o actuaciones de la administración pública, con el
    objeto de influir en la intención de voto.
  5. Aducir razones de «buen servicio para despedir funcionarios de carrera.»
    La infracción de alguna de las anteriores prohibiciones constituye FALTA GRAVISIMA que tiene
    como sanción la DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL.
    Por tal motivo se advierte e invita a cada Subdirector, funcionario y contratista a que identifique
    cuál de los procesos reportados debe ser llevado por este tipo de contrato en la modalidad de
    contratación directa, dando aplicación a los principios de planeación contractual y transparencia
    en la administración, logrando garantizar el correcto y normal funcionamiento de la Dirección
    Territorial y el compromiso con los procesos democráticos y los principios que rigen la
    administración pública.
    Cordial saludo,
    FIRMA ELECTRONICA
    CARLOS IVAN HEREDIA FERREIRA
    Director General

  1. ELECCIÓN CONGRESO DE LA REPÚBLICA ELECCIÓN PRESIDENTE Y
    VICEPRESIDENTE
    No pueden participar, promover y destinar recursos públicos de las
    entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como
    miembros de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter
    proselitista
    Durante la campaña presidencial, no
    se pueden aumentar los recursos
    destinados a la publicidad del
    Estado
    No pueden inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de
    carácter social en reuniones o eventos en los que participen
    candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República el
    Congreso de la República, gobernaciones departamentales,
    asambleas departamentales alcaldías y concejos municipales o
    distritales. Tampoco podrán hacerlo cuando participen Voceros de
    los candidatos
    No pueden autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles
    de carácter público para actividades proselitistas, ni para facilitar el
    alojamiento, ni el transporte de electores de candidatos a cargos
    de elección popular. Tampoco podrán hacerlo cuando participen
    3 Artículo 32 de la Ley 996 de 2005 que establece: «Vinculación a la nómina estatal. Se suspenderá cualquier forma de vinculación que afecte la
    nómina estatal, en la Rama Ejecutiva del Poder Público, durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la
    segunda vuelta, si fuere el caso. Se exceptúan de la presente disposición, los casos a que se refiere el inciso segundo del artículo siguiente. (…)
    Articulo 33 de la Ley 996 de 2005, inciso segundo, «Queda exceptuado lo referente a la defensa y seguridad del Estado, los contratos de crédito
    público, los requeridos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres, así como también los utilizados para la reconstrucción de vías,
    puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones, en caso de que hayan sido objeto de atentados, acciones terroristas, desastres
    naturales o casos de fuerza mayor, y los que deban realizar las entidades sanitarias y hospitalarias.»

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